La presente Ruta responde al objetivo de brindar información oficial y adecuada a los empleadores y a las empresas para que puedan incluir en sus procesos de selección y vinculación laboral a las personas migrantes que cuentan con una calidad migratoria temporal o de residente; a solicitantes de refugio y a personas refugiadas en Perú.
Se ofrece y se elabora en el marco del proceso de implementación del “Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA) 2021–2025”, su acción N.º 24 e indicadores 24.2, 24.3 y 24.7. El PNA tiene como objetivo principal impulsar una alianza estratégica entre el Estado, el sector empresarial, los sindicatos, los pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de fortalecer el marco normativo e institucional de la conducta empresarial responsable y garantizar la protección de los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales.
Ha sido elaborada de manera articulada entre la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de sus proyectos “Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe”, financiado por la Unión Europea; “Lazos: Brindar a las personas refugiadas y migrantes oportunidades de trabajo decente en América Latina y el Caribe”, financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi); "Integramos: Promoviendo la integración socioeconómica y el trabajo decente de personas migrantes, refugiadas y nacionales en situación de vulnerabilidad en el Perú", financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el “Proyecto de Inclusión Económica”, implementado por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito – Woccu con el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
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Desde el año 2015, más de 7.7 millones de personas se vieron forzadas a abandonar su país debido a la crisis económica, social y política en Venezuela. Aproximadamente el 85% de estas personas se dirigieron a países de América Latina y el Caribe, siendo Perú, después de Colombia, el segundo destino de la región que más personas refugiadas y migrantes venezolanas recibe.
De esta población, el 82% forma parte de la Población Económicamente Activa, es decir, en gran medida, las personas refugiadas y migrantes en Perú son jóvenes. Pese a desempeñar un papel crucial en la economía local, una persona joven migrante en Perú que busca trabajo enfrenta desafíos y barreras similares a los experimentan las y los jóvenes locales. Sin embargo, la condición de ser migrante intensifica estas dificultades.
¿Cuáles son los retos y barreras que las y los jóvenes migrantes viven en Perú y América latina? Hablamos con Vanessa Avendaño Adrianza y Gabriel Vegas, dos jóvenes migrantes que actualmente residen en Perú.
Vanessa Avendaño Adrianza
Vanessa es una persona no binaria que migró de Venezuela, pasó unos meses en Colombia y luego llegó a Perú en 2018. Productora cultural y panadere por vocación. Es miembro fundador de la Asociación de Arte y Cultura para la Integración (SENDAS) y también forma parte de la asociación Ciudad Laboratorio.
Gabriel Vegas
Gabriel es migrante venezolano, periodista y, actualmente, trabaja como mesero. En el 2017, al terminar sus estudios en Comunicación Social decidió migrar a Colombia y luego se estableció en Perú. Ha retomando la actividad periodística a través de Cápsula Migrante, un medio de comunicación para la comunidad venezolana en Perú.
Andrea Morales
Andrea es periodista y comunicadora del proyecto regional Lazos de la OIT, el cual busca brindar a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela acceso al trabajo decente en los países de acogida de América Latina y el Caribe.
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El presente estudio tiene como objetivo identificar los sectores económicos que ofrecen mayores oportunidades para crear empleos verdes y emprendimientos sostenibles tanto para personas migrantes y refugiadas venezolanas como para las poblaciones de acogida en el marco de una transición justa definida por las directrices de la OIT bajo un enfoque de sostenibilidad económica, social y ambiental en los departamentos de Cusco, Lambayeque, La Libertad, Lima y Piura.
Desarrollar un programa de capacitación sobre contratación equitativa dirigido a empleadores forma parte de las recomendaciones de este estudio.
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Este documento presenta los resultados de la contribución diferencial de la OIT al desarrollo de una ruta para la integración socioeconómica con trabajo decente de personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela en países de la región andina, con énfasis en Ecuador y Perú.
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